Porqué debemos luchar para salvar la CIDH
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la grave crisis financiera que enfrenta, la cual podría derivar en un inminente colapso del sistema si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio de 2016. El anuncio provocó una ola de temor, enojo, y solidaridad de organizaciones civiles, académicos, organismos internacionales y otros defensores de derechos humanos a lo largo de la región de las Américas, llenando redes sociales con los hashtags #CIDHenCrisis y #SalvemoslaCIDH. La situación es un triste reflejo de la falta de compromiso de los Estados americanos con los derechos humanos. La disminución de personal de la CIDH tendrá un impacto significativo en la justicia que pudieran obtener las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que se observan en la región, ya que se traduciría en la eliminación de mecanismos fundamentales para monitorear, reportar, y combatir esas violaciones —incluyendo la violación al derecho de la libertad personal.
“Nos unimos a las voces de la región para exigir a los gobiernos y a la Organización de Estados Americanos (OEA) respondan con propuestas estructurales a la crisis financiera de la CIDH, ya que su debilitamiento […] tendrá un impacto negativo en la situación de derechos humanos de los países de la región.” – Pronunciamiento de organizaciones civiles y redes de más de 20 países
El liderazgo y fuerza que ha dado la CIDH al tema de la no detención por razones migratorias y las alternativas a la misma son fundamentales en la construcción de políticas migratorias que garanticen y protejan los derechos de las personas en contexto de movilidad humana en la región. La CIDH ayudó a visibilizar la problemática de la detención migratoria desde una perspectiva regional a través de una audiencia temática en octubre de 2014, misma que fue solicitada por el IDC en colaboración con 162 redes, organizaciones civiles y expertos en 24 países. Desde entonces, la CIDH ha emitido varias recomendaciones a los Estados para eliminar la detención migratoria como política general y desarrollar alternativas a la detención. Asimismo, la CIDH aborda ampliamente las alternativas a la detención en susvistas in loco (México 2016), las medidas cautelares (Bahamas 2015), los informes temáticos (Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 2014 y Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados, 2015), así como en los recientes informes de país de República Dominicana, Honduras y México (2016).
“La Comisión también ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública y a facilitar herramientas que han servido a las organizaciones locales, víctimas y Estados para avanzar en el respeto a los derechos humanos” –Comunicado de organizaciones civiles en México
La grave crisis financiera actual de la CIDH es aún más preocupante por ser producto de la falta de interés y compromiso de los propios Estados miembros, ya que desde hace mucho tiempo los países americanos no se han hecho cargo de su propio sistema de derechos humanos. Mientras la CIDH sobrevivía con aportes voluntarios de países mayormente europeos, los países de América Latina y el Caribe ignoraban sus obligaciones de garantizar la asignación de recursos suficientes para el correcto funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;1 y en su lugar apostaban a la lenta desinstalación de la Comisión.
La CIDH ha sido un líder en la promoción de derechos humanos en el continente y hoy más que nunca necesitamos sus labores para avanzar en la protección y garantía de el derecho a la libertad y todos los derechos humanos en la región. Hacemos un fuerte llamado a los jefes de Estado a mostrar su compromiso con los derechos humanos, realizar aportes voluntarios a la Comisión y en la próxima Asamblea General de la OEA adoptar una decisión de aumentar el presupuesto del fondo regular y asignar los recursos necesarios a la CIDH para cumplir con su mandato.
1 Dichas obligaciones tienen como fundamento los artículos 33 y 40 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 13, 18 inciso H y 21 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; compromiso refrendado en la 45ª Asamblea General de la OEA, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2015.